Con el derecho que la Constitución me otorga
Compañeras Diputadas
Compañeros Diputados
Partiendo de la convicción
de que los informes de gobierno son o deben ser un ejercicio democrático de
rendición de cuentas a la ciudadanía a través de sus representantes populares,
hago uso de esta tribuna para valorar responsablemente desde la perspectiva del
Partido de la Revolución Democrática, algunos de los puntos planteados en el
documento que presenta a esta Soberanía, el gobernador constitucional del
estado de Nayarit Roberto Sandoval Castañeda.
Para su análisis, se
intentará comparar los dichos con los hechos y ambos con lo contemplado en el
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017. Asimismo, nos parece importante valorar
las acciones y los resultados presentados, considerando los datos duros sin
dejarse llevar por la propaganda oficial, actuando siempre apegados a la verdad
con el propósito de proporcionar a la gente elementos válidos para que juzgue
la actuación de su gobierno.
En
materia de Gobernabilidad, sin duda alguna los dos temas dominantes del primer año de gestión de Roberto
Sandoval Castañeda, lo constituyen el
problema de la seguridad pública y de las finanzas públicas. Del primero
aparentemente hay resultados positivos; del segundo no se ha pasado del plano
de las declaraciones.
Si
comparamos el último año del sexenio de Ney González con el primer año del
gobierno actual, en el tema de seguridad
es evidente que hay un avance innegable, pero es necesario ponderarlo y
dimensionarlo, porque no es suficiente contentarse con los resultados sin fijarse en los medios,
pues es difícil creer que la ineficiencia pasmosa del sexenio anterior en el
combate a la delincuencia organizada, se transformó súbitamente en un éxito
rotundo en la actual gestión.
En
este sentido cabe preguntar: ¿realmente se sometió al crimen organizado sólo
mediante el trabajo eficiente de las fuerzas policíacas, o existen otros
factores? No se trata de sembrar la insidia siguiendo el juego a los rumores
que hablan de una negociación con los delincuentes o un grupo de ellos, pero si
de proceder con cautela ante la posibilidad de una estrategia mediática que
mediante la opacidad busca generar en la población una percepción positiva; o
ante algunas quejas públicas en el sentido de que las autoridades “conminan” a
las víctimas de algún delito a no recurrir a los medios, e incluso, han
existido testimonios de personas agraviadas por las mismas autoridades de que
cuando han intentado denunciar ante instancias como el ministerio público, se
les ha “sugerido” mediante amenazas veladas que se desistan de hacerlo. A pesar
de estas reservas, es necesario otorgar el beneficio de la duda a las
autoridades sin que ello signifique pecar de ingenuos.
En
el tema de seguridad como se mencionó al principio de mi alocución, hay avances
notables que todos celebramos. Sin embargo, hay quejas de abusos por parte de
la Policía Nayarit donde no se respetan las garantías individuales de nuestra
Carta Magna y donde ocasionalmente se violan los derechos humanos en formas
diversas. Desde luego que estos abusos no son los únicos, pues hay quejas
constantes contra ministerios públicos que actúan parcialmente, lo que supone
un tráfico de influencias, sabiendo de casos absurdos o kafkianos donde se
encarcela a personas que no llevaron un proceso judicial apegado a derecho como
manda el habeas corpus, incluso sin
haber recibido citatorios para comparecer, estableciéndoles asimismo fianzas
que están por encima del supuesto daño cometido o de las condiciones económicas
de las personas inculpadas, originándoles un perjuicio económico severo entre
otros problemas psicológicos y morales, pues además de que son inocentes hasta
que se demuestre lo contrario como se supone es el espíritu de la ley, son
exhibidos a través de los medios como peligrosos delincuentes
descontextualizando sus casos particulares.
Esto
último es claramente violatorio de sus derechos humanos y provoca que muchos
desconfíen del Estado de Derecho y estén resentidos de las autoridades. Aunado
a esto, el CERESO de Tepic incrementa su población con personas que no merecen
estar ahí por asuntos nimios generándose
más problemas en forma innecesaria por el hacinamiento que se provoca.
Si se quiere “hacer historia desde el
presente” entendiendo esto no como hacer tabla rasa del pasado sino como un
propósito de superar los errores, deficiencias y excesos de quienes nos
antecedieron, cabría tomar medidas rigurosas e integrales para sanear todo el
aparato judicial de la corrupción crónica que padece.
En
este sentido, es prudente no exagerar las cosas basados solamente en
indicadores. Las autoridades sólo dan cuenta de los casos donde hay denuncias
de por medio, pero es de sobra conocido que no existe en gran parte de la
población una cultura de la denuncia por diversas razones, donde por la
ineficiencia de las autoridades o por la intimidación, se inhibe a las víctimas
a realizar denuncias. No obstante esta situación, es recomendable tomar en
cuenta otros canales de información donde la gente agraviada expresa su malestar,
como sucede en las redes sociales por ejemplo. También hay que considerar los
análisis de académicos y periodistas críticos y evitar la autocomplacencia que
realmente no beneficia a nadie.
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Respecto
a la crisis financiera, considero
que estamos lejos de lo que se expresa en el informe, porque la opacidad, la
falta de transparencia y el manejo discrecional de los recursos, son una
realidad constante: ¿Quién en su sano juicio puede negar la grave situación en
las finanzas públicas?, ¿quien puede disimular el inmenso endeudamiento
heredado irresponsablemente por la administración anterior?, no sólo No se ven progresos reales en este
tema, sino además existe un incremento de la deuda pública.
La
deuda pública del gobierno del estado contraída en el periodo 2005-2011, es sin
duda la más grande en la historia de Nayarit, al tener un incremento de 1424%
en tan solo un sexenio. Lo que es motivo de análisis y discusión no sólo es la
contratación de la deuda pública sino que todavía queda en duda en que se
empleó ese recurso. Quizás encontremos respuestas en los bolsillos de algunos
cuantos.
Esa
deuda pública que estamos pagando a 20 y 30 años, es sin lugar a dudas el más grande robo que se ha registrado
en Nayarit. Ojalá que ésta administración no haga lo mismo que su antecesor,
porque entonces se estará “repitiendo la
historia en el presente”.
Esa
deuda sigue creciendo al grado de llegar al monto de los 10,000 millones de
pesos, así declarado por el secretario de finanzas del gobierno estatal, lo
cual ha colocado a nuestro estado en el deshonroso
primer lugar nacional en cuanto a la representación de la deuda como parte
de sus ingresos propios al ser equivalente al 725% de la recaudación estatal,
según datos del Instituto Mexicano para
la Competitividad.
Por
otra parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reporta al segundo
trimestre de este año que la deuda que ha contraído el actual gobierno representa
un incremento del 6%; la disparidad que existe entre el endeudamiento y la
generación de ingresos demuestra una dependencia peligrosa a las aportaciones
federales para pagar los compromisos financieros que ha adquirido el estado.
En
Nayarit vivimos una situación severa, ya que además de ser un estado pequeño
contamos con poca capacidad institucional y económica para responder a una
crisis financiera con un gobierno insolvente.
“Hechos son amores”, no
se trata de incurrir en una cacería de brujas o hacer persecuciones ilegales o
por revanchismo político, sino de acatar la ley que se juró obedecer y
defender; de otra manera, se puede interpretar que los señalamientos de
presunta corrupción son amagos que los miembros del mismo grupo en el poder se
hacen entre sí con fines oscuros.
*****
Creo
necesario, no dejar pasar de largo el tema de Planeación, programación y
presupuestación, ya que podemos observar claramente que a pesar de que se
presume sistemáticamente por todos los medios posibles el nuevo modelo de
gestión gubernamental y la histórica inversión de más de dos mil
millones de pesos en obras para el estado, que dicho sea de paso, según técnicos
y especialistas en la materia, esta es una cifra mediática e inexistente, que
los propios colaboradores de la secretaría desconocen su sustento, en realidad las
obras aprobadas no llegan a mil millones de pesos y si lo contrastamos con lo
ejercido y ejecutado es una cifra todavía menor.
Lamentablemente
en el informe solo se le conceden veintiocho páginas para dar cuenta de este medular
tema, donde la información mas relevante es el catalogo de proyectos en
ejecución y los proyectos en proceso de gestión.
Por
ello surgen fundadas dudas respecto a si efectivamente existe una reingeniería
en el modelo de administración publica estatal, para que éste sea eficiente, pero
sobretodo transparente, para que
pueda tener la legitimación de la gente, ya que existe la percepción que la
utilización de recursos públicos, ya sean económicos o materiales se hace de
manera discrecional e irracionalmente con la intención de favorecer
políticamente a quien o quienes pertenecen al grupo en el poder.
Nadie
debe sentirse ofendido por esta manera de analizar las cosas, pues hay que
insistir estamos en el supuesto de que los informes de gobierno son rendiciones
de cuentas democráticas que como tales están sujetas al escrutinio público y no
son meros actos propagandísticos, protocolarios o cortesanos.
No se trata por tanto como
oposición de asumir una actitud meramente contestataria sin reconocer los
logros reales, pero tampoco de decantarse por el aplauso
fácil, negando las críticas fundadas y las verdades plausibles. Se trata en
suma de que más allá de nuestras posiciones políticas, nos asumamos como
representantes del pueblo y no como francotiradores gratuitos o empleados del
ejecutivo.
Es
Cuanto.