Crítica al Sexto Informe de Ney González en el rubro de Seguridad
Honorable Asamblea legislativa:
El problema de la seguridad es uno de los temas más sensibles para la ciudadanía porque en los últimos 2 años hemos visto un incremento pavoroso de crímenes, tanto de delitos del fuero común como del orden federal, siendo éstos últimos los más notorios y peligrosos, mismos que han dado la pauta para que delincuentes de poca monta aprovechen a rio revuelto para cometer sus fechorías.
Los datos presentados en el Sexto Informe de Gobierno de Ney González Sánchez son insatisfactorios en su presentación porque no permiten tener una idea documentada de esta problemática lacerante, en parte porque en el documento hay un evidente vacío al respecto, mientras por otro lado no existe una cultura de la denuncia en la población porque muchas víctimas de la delincuencia se abstienen de denunciar o si lo hacen también tienden a no ratificar por miedo a las represalias de los delincuentes ya que se sospecha puedan estar en contubernio con algunas autoridades, o bien porque en muchos casos las autoridades no atienden a las víctimas con la sensibilidad requerida sino con indolencia y tortuguismo, o porque por experiencias pasadas, muchas veces las supuestas investigaciones periciales no dan ningún resultado positivo. Es decir, esta ausencia de cultura de la denuncia se debe principalmente a la desconfianza que el poder judicial en sí mismo despierta en la ciudadanía.
Ésta no es gratuita sino propiciada por actos de corrupción en que incurren frecuentemente las autoridades encargadas de impartición de justicia. Los ejemplos son abundantes pero por mencionar algunos, es común que cuando una víctima de algún delito se queja, los policías o ministerios públicos la desalientan al decir que su caso es uno más entre otros muchos parecidos, dando a entender que no debe abrigar expectativas de solución. Se dirá que estos señalamientos son meramente subjetivos, sin datos duros, que al no consignarse son inexistentes. Hay delitos como los homicidios que aunque se hayan dado en el marco de una disputa entre sicarios, competen a las autoridades investigarlos y resolverlos, ya que éstos deben ser perseguidos de oficio.
No obstante esta precisión, para las autoridades no hay secuestros o extorsiones a comerciantes, empresarios, profesionistas y otros, porque no pusieron denuncias, cuando la vox populi e incluso algunos medios (que en el caso de los secuestros sobre todo, suelen guardar discreción para preservar la vida de las víctimas) dan cuenta constantemente de la ola de inseguridad que se abate en todo el estado de Nayarit. ¿Quién no recuerda la manifestación multitudinaria de hace unos meses encabezada por los comerciantes del mercado de abastos denunciando estas extorsiones y que ha orillado a algunos a abandonar el estado? Este tipo de denuncias lejos de atenderse son denostadas porque afectan la imagen del estado de Nayarit. Y en otras ocasiones se intentó minimizar o desvirtuar el problema para después tratar de ocultarlo mediante un ominoso silencio.
Volviendo al Informe, es fácil advertir leyendo el documento en su conjunto, que es difícil objetar las aseveraciones que ahí se hacen, no porque sean verdaderas, sino porque resulta difícil verificarlos. Asimismo, el que el proceso para el análisis y discusión del Informe sea tan breve, no abona para que se dé un auténtico ejercicio de rendición de cuentas del estado que guarda la administración pública, reduciéndose a un mero trámite para cumplir legalmente con lo dispuesto en la ley desaprovechando la oportunidad de una legitimación del poder legislativo como un sano contrapeso del ejecutivo.
La opacidad en lo que debiera ser un ejercicio trasparente y democrático de rendición de cuentas a la sociedad se manifiesta de muchas maneras: poniendo cifras, gráficos, fotos, espectaculares, etc., que en sí mismos no significan mucho porque no hay manera de verificarlos, compararlos, contextualizarlos, etc.; o bien, porque se ponen datos que pueden estar maquillados para que den la impresión de que se ha cumplido demostrando una autocomplacencia que choca con la percepción ciudadana originada en su vivencia cotidiana. ¿Cómo dar un debate apegado en datos duros si éstos no son confiables, si se perciben evidentes huecos u omisiones y señales de manipulación? Los datos presentados en materia de procuración de justicia omiten el problema de la violencia entre bandas de narcotraficantes, cuyas confrontaciones violentas a veces dañan a ciudadanos inocentes quienes mediante eufemismos irritantes son calificados como “daños colaterales”, mientras que los policías siempre llegan 30 minutos tarde a las balaceras como dijo desconcertantemente el propio Ney González quien en vez de escandalizarse incurre en el absurdo de exigir medidas que se supone a él le corresponde poner en práctica.
Pero este problema gravísimo no se reduce a balaceras entre mafiosos (“se están matando entre delincuentes” llegaron a decir), situación que en sí misma no exime a las autoridades a actuar para proteger a los ciudadanos, sino porque estos grupos criminales se solazan extorsionando y secuestrando personas y si bien es cierto que en la mayoría de los casos no hay denuncias por las razones ya mencionadas, no es pretexto para que las autoridades no muevan un dedo para detener tan infames prácticas. Uno se pregunta cómo las autoridades policiacas no ven el desplazamiento de caravanas de vehículos con maleantes armados teniendo cámaras en todos lados, ni cómo tampoco, dejan una y otra vez cadáveres colgados o descuartizados en el puente Los lobos .
Ahora bien, no obstante la zozobra de la ciudadanía, el sentimiento de vulnerabilidad y el convencimiento de que existe complicidad y/o ineptitud de las autoridades, el Informe ignora los hechos delictivos de referencia del último año de gobierno, siendo que precisamente a partir del 2010 se dispararon las cifras de homicidios por enfrentamientos entre grupos criminales y/o la fuerza pública. No obstante este vacío de información, se ubica a Tepic según datos del INEGI del 2010 como la cuarta ciudad más violenta de México, mientras que otro estudio del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública la pone en la lista de las 13 más peligrosas del mundo, tomando como parámetro la cantidad de homicidios por cada 100 mil habitantes. Sin embargo, en el mencionado Informe, no conformes con omitir información y explicaciones sobre este gravísimo problema, se pretende presentar una percepción positiva de la seguridad en Nayarit apoyándose en estudios realizados en el 2008 por el Centro de Investigación para el Desarrollo A. C. (CIDAC) y por el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad A. C. (ICESI) en el 2009 que ni siquiera corresponden al año en cuestión (ver Informe, pág. 596)
Estamos a escasos días de que el presente sexenio concluya mientras que el olor a pólvora continúa incesante y las muertes violentas en las calles se hacen cotidianas. La ciudad de Tepic y el estado de Nayarit se tiñen de sangre enlutando a muchas familias y manteniendo en la zozobra a todos. La tranquilidad que gozábamos los nayaritas se ha perdido. Ahora ya no podemos transitar por nuestras calles y caminos con la seguridad que solíamos hacerlo.
El gobierno de Ney que inició en el 2005 prometiendo grandes cambios, cumplió en efecto al legarnos al estado en una terrible crisis de seguridad y al heredarnos una pesada deuda pública. Su obsesión por impulsar una marca privada llamada “Riviera Nayarit” no hizo sino ahondar en la desigualdad social privilegiando un polo de desarrollo turístico sacrificando otros rubros sensibles de la economía como el campo cuyas constantes crisis han puesto a los productores del campo en una situación insostenible, sin dejar de mencionar a los siempre olvidados habitantes serranos (campesinos e indígenas), entre otros grupos sociales que de un modo u otro han sido afectados, como los ejidatarios y pequeños propietarios despojados de sus terrenos con engaños o con la intimidación y represión de la fuerza pública para quitarles sus riquezas naturales para venderlas al mejor postor, privándonos de paso a cientos de miles de personas del llamado turismo popular, de disfrutar de nuestras playas al mismo tiempo que se dañan sus ecosistemas.
En la mente del ejecutivo su gestión es extraordinaria, todo es progreso, paz y armonía; todo son primeros lugares y medallas, pero en la realidad del ciudadano de a pie, de los asalariados, de los desempleados, de las víctimas de la violencia que dejan devastadas a las madres que pierden a sus hijos o a éstos huérfanos desprotegidos. ¿Cómo no tener presentes a tantas y tantas víctimas no sólo de los sicarios sino de la negligencia de las autoridades?, ¿cómo no indignarse de tanta impunidad? ¿Cuándo se ha aclarado la terrible masacre de los jóvenes lavacoches en octubre del año pasado y otras muertes de gente inocente? ¿Sirve de consuelo acaso poner cifras diciendo que en otros lugares la cosa está peor? Vaya consuelo.
Efectivamente, “Nayarit ya no es igual”, “se nota” a leguas que ya no es igual: perdimos la tranquilidad y nos convertimos en uno de los estados más violentos de México y del mundo donde se cometen los crímenes más espeluznantes y donde los sicarios se burlan una y otra vez de las autoridades dejando cadáveres en los mismos lugares. El uso amañado de estadísticas para pretender cambiar la percepción ciudadana o los vacíos de información, resultan no sólo inútiles sino irresponsables. Los intentos de minimizar los problemas de seguridad desde su emergencia mediante clichés, son sintomáticos de una falta de estrategia y de compromiso: “se trata de casos aislados, “los muertos en la balacera son de fuera del estado”, “son coletazos del hampa ante la operación cucaracha”, etc., dijeron al principio, dando información con opacidad y omisiones e incluso guardando un silencio sospechosamente cómplice. Asimismo, a pesar del dicho del gobernador de que “cada quien debe hacer lo que le corresponda y hacerlo bien”, éste se mostró contrariado ante las exigencias públicas de explicaciones y soluciones, diciendo que la gente está ávida de la nota roja por pura morbosidad o trató de descargar la responsabilidad en los padres de familia que según su opinión “ no educan a sus hijos en valores”, “argumentando” también que si se hace caso de estas cosas se estaría “hablando mal” de Nayarit inhibiendo las inversiones y el turismo, etc. Por último, ante la terca realidad y ante la presión de la ciudadanía que exigía medidas que frenaran o aminoraran la inseguridad, se optó por ofrecer “soluciones” que evidentemente han sido meras ocurrencias y actitudes mediáticas, como el caso de los famosos “sellos” en los accesos de la ciudad que resultaron convenientemente porosos en algunos casos pues siguieron ocurriendo crímenes por todos lados.
Desde el PRD hacemos votos porque la crisis de seguridad sea asumida corresponsablemente por todos los actores políticos pero insistiendo en que no se reduzca a soluciones de fuerza (sin minimizar su importancia), sino tratándola de un modo integral como sugiere la propuesta de la UNAM que pone el acento en recuperar el deteriorado tejido social. En este sentido, es necesario invertir más en educación, en fomentar el deporte y la generación de empleos, entre otras actividades de este tipo.
En fin, tanta inseguridad, tanta violencia, tanta sangre, tanta impunidad… a Nayarit se le nota.
Diputado Miguel Ángel Arce Montiel
31 de agosto de 2011
