EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Ante
la complejidad de la nueva realidad política y social, además del advenimiento
de un pluralismo marcado por la alternancia entre los partidos políticos en los
distintos ámbitos de la democracia representativa, la sociedad civil exige
mayor corresponsabilidad en los actos y decisiones de la cosa pública. Empero,
no obstante que la alternancia y la pluralidad ganaron terreno hace más de 2
décadas al monopolio del poder que ejerció un solo partido político durante 70
años, la llamada transición a la democracia se malogró cayendo en una
partidocracia adosada asimismo por una mediocracia, traduciéndose en una crisis
de la democracia representativa a través de la cual los partidos han quedado a
deber a las expectativas ciudadanas.
La
democracia participativa regulada mediante una ley específica de participación
ciudadana en el ámbito estatal no es entonces una moda ni un capricho ni una
panacea, sino una necesidad de reforzar, complementar y enriquecer a la
democracia representativa como una especie de equilibrio político, pues en sí
misma, la pluralidad y la alternancia en el poder no han sido suficientes
porque sus contrapesos se han convertido paradójicamente frenos, esto debido a
que la dinámica de lucha por el poder entre los partidos políticos ha generado
conflictos de intereses que han terminado por absorber a todos los actores
políticos estableciendo una partidocracia, que como tal, es una perversión de
la democracia, ya que los intereses de las burocracias de los distintos
partidos vinculados a grupos de poder económico que actúan como poderes
fácticos, esto es, al margen de la ley y que terminan superponiéndose a los
poderes legalmente establecidos, han terminado por secuestrar los intereses
generales de la sociedad de tal forma que los intereses particulares de una
minoría han prevalecido sobre los intereses de las mayorías.
En
este sentido, la vida política de nuestra comunidad necesita contar con otras formas de
organización y participación más allá del sistema de partidos. Hasta ahora, esas
otras formas de hacer política al margen de los procesos electorales las han
emprendido organizaciones ciudadanas o civiles también llamadas Organizaciones
No Gubernamentales “ONG’s” que se supone tienen un carácter apartidista y que
enarbolan demandas de alcance universal, como el respeto a los derechos
humanos, la defensa del medio ambiente, etc., mientras que otras agrupaciones
sociales son de carácter reivindicativo, es decir, sus luchas están centradas
en demandas más acotadas y de tipo material.
La
participación ciudadana o democracia participativa, permite generar una
corresponsabilidad entre gobernantes y gobernados mediante un marco o
regulación jurídica que da una certidumbre a los derechos de los ciudadanos
para incidir en la toma de decisiones públicas más allá de que podría esperarse
de una mera democracia representativa, donde a través del sufragio se deposita
la confianza en los representantes populares que en ocasiones toman decisiones
que obedecen a factores sin legitimidad social cuyas consecuencias son
contrarias al interés público.
En el ámbito municipal cuyo gobierno es de naturaleza colegiada y donde existe una relación más cercana entre gobernantes y gobernados, hay un reglamento específico que le da cauce institucional a la participación ciudadana mediante representaciones vecinales conocidas como Comités de Acción Ciudadana y otras instancias y mecanismos que coadyuvan a un contacto más estrecho entre las autoridades gobernantes y los ciudadanos, si bien en la práctica no siempre se demuestra una vocación democrática.
En
el ámbito estatal que es el que nos ocupa, una ley de participación ciudadana
que dé un empoderamiento a los ciudadanos para compartir la toma de decisiones
públicas, es un paso necesario no solo porque se entiende que la democracia
participativa es un complemento de la democracia representativa, sino porque
con una ley reglamentaria precisa y ágil se daría cumplimiento a un precepto
constitucional que ya reconoce varias figuras de participación ciudadana.
En
este sentido, para tener una sociedad más actuante, vigilante y comprometida,
es necesario que se dé ese paso de concretar una ley en esta materia que
establezca reglas claras, equitativas y operativas para que los ciudadanos
puedan incidir en las tomas de decisiones de los poderes ejecutivo y
legislativo, lo que permitiría una mayor legitimidad de éstas, si bien es
necesario no idealizar las figuras de participación ciudadana como el
plebiscito, referéndum, iniciativa popular, que en un momento dado podría ser
utilizadas por los grupos de poder factuales para frenar cambios que afecten
sus intereses o para impulsarlos en su provecho, provocando una polarización o
exacerbación de los conflictos políticos que en sí mismos son inevitables y
hasta indispensables para la vida de una comunidad, sobre todo si se hallan
encauzados por canales legales e institucionales.
La
participación ciudadana o democracia participativa significa entonces una
socialización del poder político, mas no su privatización, lo cual en sí mismo
es una aberración. Esto significa que debemos estar atentos contra ciertas
propuestas que en apariencia se decantan por un empoderamiento de la sociedad,
pero que en la práctica y tras bambalinas, se trata de pequeños pero poderosos
grupos de poder económico que confunden el ejercicio de gobierno con la
actividad gerencial y que mediante la re significación de conceptos como la
democracia, la libertad y otros, tratan de hacer pasar sus intereses de grupo
como el bien común.
Pero
más allá de estas tentaciones reaccionarias embozadas de participación
democrática, lo fundamental es que la democracia no termina con el voto sino
que la legitimidad del poder se debe refrendar con un ejercicio cotidiano
basado en procedimientos y toma de decisiones democráticas o consensuadas.
La
democracia participativa permite una mayor presencia de la sociedad en los
actos del gobierno la cual es ahora más necesaria en este contexto de
globalización neoliberal que ha debilitado al Estado socavando su soberanía, la
cual reside en el pueblo y solo puede hacerse efectiva con el concurso del él
en la toma de decisiones.
Una
legislación que pretenda seriamente el empoderamiento de la sociedad, que sirva
para complementar y enriquecer la legitimidad de la toma de decisiones de los
poderes formales de la democracia representativa en aras de preservar el
interés público por encima del privado, conciliando las libertades individuales
con los derechos sociales, deberá de cuidar que las figuras de participación
ciudadana sean claras en sus fines y bien acotadas en sus reglas de operación,
para evitar que intereses espurios puedan usar una herramienta democrática para
salvaguardar los intereses de las mayorías, en un instrumento de descrédito de
las instituciones públicas y de sometimiento a los intereses de minorías en
agravio del interés general.
Por todo ello,
corresponde a esta Soberanía la responsabilidad de crear instrumentos y
herramientas que permitan una mayor vinculación entre el ejercicio del poder
público y los ciudadanos nayaritas, mismos que con una mayor exigencia,
vigilancia y participación tendrán como resultado un Nayarit más prospero.
Diputado
Miguel Ángel Arce Montiel
Coordinador
de la fracción parlamentaria del PRD
Congreso
del Estado de Nayarit
21
de agosto de 2012
