Miguel Ángel Arce Montiel - Exposición de Motivos de la Iniciativa de Ley de Participación Ciudadana

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Ante la complejidad de la nueva realidad política y social, además del advenimiento de un pluralismo marcado por la alternancia entre los partidos políticos en los distintos ámbitos de la democracia representativa, la sociedad civil exige mayor corresponsabilidad en los actos y decisiones de la cosa pública. Empero, no obstante que la alternancia y la pluralidad ganaron terreno hace más de 2 décadas al monopolio del poder que ejerció un solo partido político durante 70 años, la llamada transición a la democracia se malogró cayendo en una partidocracia adosada asimismo por una mediocracia, traduciéndose en una crisis de la democracia representativa a través de la cual los partidos han quedado a deber a las expectativas ciudadanas.

 Es claro que en la práctica no han logrado una representación auténticamente popular, sino que se han ceñido a sus propios intereses, lo que ha dado lugar a que el voto se convierta en una especie de cheque en blanco, manteniendo por consiguiente la separación entre el Estado y la sociedad civil así como los mecanismos de control de éste sobre aquella. Es necesario por tanto retomar esa frustrada transición a la democracia para resarcir la legitimidad de los poderes de la república mediante una relación más horizontal entre gobernantes y gobernados bajo el principio de “mandar obedeciendo”, mismo que se supone ofrecería una democracia participativa, vista no como un sucedáneo de la democracia representativa, sino como su necesario complemento.

La democracia participativa regulada mediante una ley específica de participación ciudadana en el ámbito estatal no es entonces una moda ni un capricho ni una panacea, sino una necesidad de reforzar, complementar y enriquecer a la democracia representativa como una especie de equilibrio político, pues en sí misma, la pluralidad y la alternancia en el poder no han sido suficientes porque sus contrapesos se han convertido paradójicamente frenos, esto debido a que la dinámica de lucha por el poder entre los partidos políticos ha generado conflictos de intereses que han terminado por absorber a todos los actores políticos estableciendo una partidocracia, que como tal, es una perversión de la democracia, ya que los intereses de las burocracias de los distintos partidos vinculados a grupos de poder económico que actúan como poderes fácticos, esto es, al margen de la ley y que terminan superponiéndose a los poderes legalmente establecidos, han terminado por secuestrar los intereses generales de la sociedad de tal forma que los intereses particulares de una minoría han prevalecido sobre los intereses de las mayorías.

En este sentido, la vida política de nuestra comunidad  necesita contar con otras formas de organización y participación más allá del sistema de partidos. Hasta ahora, esas otras formas de hacer política al margen de los procesos electorales las han emprendido organizaciones ciudadanas o civiles también llamadas Organizaciones No Gubernamentales “ONG’s” que se supone tienen un carácter apartidista y que enarbolan demandas de alcance universal, como el respeto a los derechos humanos, la defensa del medio ambiente, etc., mientras que otras agrupaciones sociales son de carácter reivindicativo, es decir, sus luchas están centradas en demandas más acotadas y de tipo material.

 En estos últimos grupos caben todas las organizaciones sociales que se agrupan legítimamente para pugnar por mejorar sus condiciones de vida a través de la lucha por la vivienda popular, tierras de cultivo, acceso a la educación, entre otras.  Algunas de ellas tienen un carácter coyuntural mientras que otras son más permanentes porque se rigen por un proyecto político de largo aliento. A diferencia de las anteriores, las organizaciones sociales tienen también un carácter corporativo en el sentido de que limitan su actuación política como grupos de presión. Las organizaciones sindicales y sus contrapartes patronales centran sus demandas en el ámbito laboral. Sin embargo, la participación ciudadana que no debe confundirse con la participación social, gremial o comunitaria propone otra dinámica y otros objetivos que proporciona una cobertura social más amplia porque compete a todos los ciudadanos ya sea como individuos o como colectivos.

La participación ciudadana o democracia participativa, permite generar una corresponsabilidad entre gobernantes y gobernados mediante un marco o regulación jurídica que da una certidumbre a los derechos de los ciudadanos para incidir en la toma de decisiones públicas más allá de que podría esperarse de una mera democracia representativa, donde a través del sufragio se deposita la confianza en los representantes populares que en ocasiones toman decisiones que obedecen a factores sin legitimidad social cuyas consecuencias son contrarias al interés público.

En el ámbito municipal cuyo gobierno es de naturaleza colegiada y donde existe una relación más cercana entre gobernantes y gobernados, hay un reglamento específico que le da cauce institucional a la participación ciudadana mediante representaciones vecinales conocidas como Comités de Acción Ciudadana y otras instancias y mecanismos que coadyuvan a un contacto más estrecho entre las autoridades gobernantes y los ciudadanos, si bien en la práctica no siempre se demuestra una vocación democrática.

En el ámbito estatal que es el que nos ocupa, una ley de participación ciudadana que dé un empoderamiento a los ciudadanos para compartir la toma de decisiones públicas, es un paso necesario no solo porque se entiende que la democracia participativa es un complemento de la democracia representativa, sino porque con una ley reglamentaria precisa y ágil se daría cumplimiento a un precepto constitucional que ya reconoce varias figuras de participación ciudadana.

En este sentido, para tener una sociedad más actuante, vigilante y comprometida, es necesario que se dé ese paso de concretar una ley en esta materia que establezca reglas claras, equitativas y operativas para que los ciudadanos puedan incidir en las tomas de decisiones de los poderes ejecutivo y legislativo, lo que permitiría una mayor legitimidad de éstas, si bien es necesario no idealizar las figuras de participación ciudadana como el plebiscito, referéndum, iniciativa popular, que en un momento dado podría ser utilizadas por los grupos de poder factuales para frenar cambios que afecten sus intereses o para impulsarlos en su provecho, provocando una polarización o exacerbación de los conflictos políticos que en sí mismos son inevitables y hasta indispensables para la vida de una comunidad, sobre todo si se hallan encauzados por canales legales e institucionales.

La participación ciudadana o democracia participativa significa entonces una socialización del poder político, mas no su privatización, lo cual en sí mismo es una aberración. Esto significa que debemos estar atentos contra ciertas propuestas que en apariencia se decantan por un empoderamiento de la sociedad, pero que en la práctica y tras bambalinas, se trata de pequeños pero poderosos grupos de poder económico que confunden el ejercicio de gobierno con la actividad gerencial y que mediante la re significación de conceptos como la democracia, la libertad y otros, tratan de hacer pasar sus intereses de grupo como el bien común.

Pero más allá de estas tentaciones reaccionarias embozadas de participación democrática, lo fundamental es que la democracia no termina con el voto sino que la legitimidad del poder se debe refrendar con un ejercicio cotidiano basado en procedimientos y toma de decisiones democráticas o consensuadas.

La democracia participativa permite una mayor presencia de la sociedad en los actos del gobierno la cual es ahora más necesaria en este contexto de globalización neoliberal que ha debilitado al Estado socavando su soberanía, la cual reside en el pueblo y solo puede hacerse efectiva con el concurso del él en la toma de decisiones.

Una legislación que pretenda seriamente el empoderamiento de la sociedad, que sirva para complementar y enriquecer la legitimidad de la toma de decisiones de los poderes formales de la democracia representativa en aras de preservar el interés público por encima del privado, conciliando las libertades individuales con los derechos sociales, deberá de cuidar que las figuras de participación ciudadana sean claras en sus fines y bien acotadas en sus reglas de operación, para evitar que intereses espurios puedan usar una herramienta democrática para salvaguardar los intereses de las mayorías, en un instrumento de descrédito de las instituciones públicas y de sometimiento a los intereses de minorías en agravio del interés general.

Por todo ello, corresponde a esta Soberanía la responsabilidad de crear instrumentos y herramientas que permitan una mayor vinculación entre el ejercicio del poder público y los ciudadanos nayaritas, mismos que con una mayor exigencia, vigilancia y participación tendrán como resultado un Nayarit más prospero.

Diputado Miguel Ángel Arce Montiel

Coordinador de la fracción parlamentaria del PRD

Congreso del Estado de Nayarit

21 de agosto de 2012