viernes, 23 de noviembre de 2012

Miguel Ángel Arce Montiel - Seguridad, Deuda y Obra Pública



Con el derecho que la Constitución me otorga
Compañeras Diputadas
Compañeros Diputados

 Partiendo de la convicción de que los informes de gobierno son o deben ser un ejercicio democrático de rendición de cuentas a la ciudadanía a través de sus representantes populares, hago uso de esta tribuna para valorar responsablemente desde la perspectiva del Partido de la Revolución Democrática, algunos de los puntos planteados en el documento que presenta a esta Soberanía, el gobernador constitucional del estado de Nayarit Roberto Sandoval Castañeda.

Para su análisis, se intentará comparar los dichos con los hechos y ambos con lo contemplado en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017. Asimismo, nos parece importante valorar las acciones y los resultados presentados, considerando los datos duros sin dejarse llevar por la propaganda oficial, actuando siempre apegados a la verdad con el propósito de proporcionar a la gente elementos válidos para que juzgue la actuación de su gobierno.

En materia de Gobernabilidad, sin duda alguna los dos temas dominantes del primer año de gestión de Roberto Sandoval Castañeda, lo constituyen el problema de la seguridad pública y de las finanzas públicas. Del primero aparentemente hay resultados positivos; del segundo no se ha pasado del plano de las declaraciones.

Si comparamos el último año del sexenio de Ney González con el primer año del gobierno actual, en el tema de seguridad es evidente que hay un avance innegable, pero es necesario ponderarlo y dimensionarlo, porque no es suficiente contentarse con los resultados sin fijarse en los medios, pues es difícil creer que la ineficiencia pasmosa del sexenio anterior en el combate a la delincuencia organizada, se transformó súbitamente en un éxito rotundo en la actual gestión.

 En este sentido cabe preguntar: ¿realmente se sometió al crimen organizado sólo mediante el trabajo eficiente de las fuerzas policíacas, o existen otros factores? No se trata de sembrar la insidia siguiendo el juego a los rumores que hablan de una negociación con los delincuentes o un grupo de ellos, pero si de proceder con cautela ante la posibilidad de una estrategia mediática que mediante la opacidad busca generar en la población una percepción positiva; o ante algunas quejas públicas en el sentido de que las autoridades “conminan” a las víctimas de algún delito a no recurrir a los medios, e incluso, han existido testimonios de personas agraviadas por las mismas autoridades de que cuando han intentado denunciar ante instancias como el ministerio público, se les ha “sugerido” mediante amenazas veladas que se desistan de hacerlo. A pesar de estas reservas, es necesario otorgar el beneficio de la duda a las autoridades sin que ello signifique pecar de ingenuos.

En el tema de seguridad como se mencionó al principio de mi alocución, hay avances notables que todos celebramos. Sin embargo, hay quejas de abusos por parte de la Policía Nayarit donde no se respetan las garantías individuales de nuestra Carta Magna y donde ocasionalmente se violan los derechos humanos en formas diversas. Desde luego que estos abusos no son los únicos, pues hay quejas constantes contra ministerios públicos que actúan parcialmente, lo que supone un tráfico de influencias, sabiendo de casos absurdos o kafkianos donde se encarcela a personas que no llevaron un proceso judicial apegado a derecho como manda el habeas corpus, incluso sin haber recibido citatorios para comparecer, estableciéndoles asimismo fianzas que están por encima del supuesto daño cometido o de las condiciones económicas de las personas inculpadas, originándoles un perjuicio económico severo entre otros problemas psicológicos y morales, pues además de que son inocentes hasta que se demuestre lo contrario como se supone es el espíritu de la ley, son exhibidos a través de los medios como peligrosos delincuentes descontextualizando sus casos particulares.

Esto último es claramente violatorio de sus derechos humanos y provoca que muchos desconfíen del Estado de Derecho y estén resentidos de las autoridades. Aunado a esto, el CERESO de Tepic incrementa su población con personas que no merecen estar ahí por asuntos nimios generándose  más problemas en forma innecesaria por el hacinamiento que se provoca. Si se quiere “hacer historia desde el presente” entendiendo esto no como hacer tabla rasa del pasado sino como un propósito de superar los errores, deficiencias y excesos de quienes nos antecedieron, cabría tomar medidas rigurosas e integrales para sanear todo el aparato judicial de la corrupción crónica que padece.

 En este sentido, es prudente no exagerar las cosas basados solamente en indicadores. Las autoridades sólo dan cuenta de los casos donde hay denuncias de por medio, pero es de sobra conocido que no existe en gran parte de la población una cultura de la denuncia por diversas razones, donde por la ineficiencia de las autoridades o por la intimidación, se inhibe a las víctimas a realizar denuncias. No obstante esta situación, es recomendable tomar en cuenta otros canales de información donde la gente agraviada expresa su malestar, como sucede en las redes sociales por ejemplo. También hay que considerar los análisis de académicos y periodistas críticos y evitar la autocomplacencia que realmente no beneficia a nadie.

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 Respecto a la crisis financiera, considero que estamos lejos de lo que se expresa en el informe, porque la opacidad, la falta de transparencia y el manejo discrecional de los recursos, son una realidad constante: ¿Quién en su sano juicio puede negar la grave situación en las finanzas públicas?, ¿quien puede disimular el inmenso endeudamiento heredado irresponsablemente por la administración anterior?, no sólo No se ven progresos reales en este tema, sino además existe un incremento de la deuda pública.

La deuda pública del gobierno del estado contraída en el periodo 2005-2011, es sin duda la más grande en la historia de Nayarit, al tener un incremento de 1424% en tan solo un sexenio. Lo que es motivo de análisis y discusión no sólo es la contratación de la deuda pública sino que todavía queda en duda en que se empleó ese recurso. Quizás encontremos respuestas en los bolsillos de algunos cuantos.

Esa deuda pública que estamos pagando a 20 y 30 años, es sin lugar a dudas el más grande robo que se ha registrado en Nayarit. Ojalá que ésta administración no haga lo mismo que su antecesor, porque entonces se estará “repitiendo la historia en el presente”.

 Esa deuda sigue creciendo al grado de llegar al monto de los 10,000 millones de pesos, así declarado por el secretario de finanzas del gobierno estatal, lo cual ha colocado a nuestro estado en el deshonroso primer lugar nacional en cuanto a la representación de la deuda como parte de sus ingresos propios al ser equivalente al 725% de la recaudación estatal, según datos del Instituto Mexicano para la Competitividad.

 Por otra parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reporta al segundo trimestre de este año que la deuda que ha contraído el actual gobierno representa un incremento del 6%; la disparidad que existe entre el endeudamiento y la generación de ingresos demuestra una dependencia peligrosa a las aportaciones federales para pagar los compromisos financieros que ha adquirido el estado.

 En Nayarit vivimos una situación severa, ya que además de ser un estado pequeño contamos con poca capacidad institucional y económica para responder a una crisis financiera con un gobierno insolvente.

 “Hechos son amores”, no se trata de incurrir en una cacería de brujas o hacer persecuciones ilegales o por revanchismo político, sino de acatar la ley que se juró obedecer y defender; de otra manera, se puede interpretar que los señalamientos de presunta corrupción son amagos que los miembros del mismo grupo en el poder se hacen entre sí con fines oscuros.

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 Creo necesario, no dejar pasar de largo el tema de Planeación, programación y presupuestación, ya que podemos observar claramente que a pesar de que se presume sistemáticamente por todos los medios posibles el nuevo modelo de gestión gubernamental y la histórica inversión de más de dos mil millones de pesos en obras para el estado, que dicho sea de paso, según técnicos y especialistas en la materia, esta es una cifra mediática e inexistente, que los propios colaboradores de la secretaría desconocen su sustento, en realidad las obras aprobadas no llegan a mil millones de pesos y si lo contrastamos con lo ejercido y ejecutado es una cifra todavía menor.  

 Lamentablemente en el informe solo se le conceden veintiocho páginas para dar cuenta de este medular tema, donde la información mas relevante es el catalogo de proyectos en ejecución y los proyectos en proceso de gestión.

 Por ello surgen fundadas dudas respecto a si efectivamente existe una reingeniería en el modelo de administración publica estatal, para que éste sea eficiente, pero sobretodo transparente, para que pueda tener la legitimación de la gente, ya que existe la percepción que la utilización de recursos públicos, ya sean económicos o materiales se hace de manera discrecional e irracionalmente con la intención de favorecer políticamente a quien o quienes pertenecen al grupo en el poder.

 Nadie debe sentirse ofendido por esta manera de analizar las cosas, pues hay que insistir estamos en el supuesto de que los informes de gobierno son rendiciones de cuentas democráticas que como tales están sujetas al escrutinio público y no son meros actos propagandísticos, protocolarios o cortesanos.

 No se trata por tanto como oposición de asumir una actitud meramente contestataria sin reconocer los logros reales, pero tampoco de decantarse por el aplauso fácil, negando las críticas fundadas y las verdades plausibles. Se trata en suma de que más allá de nuestras posiciones políticas, nos asumamos como representantes del pueblo y no como francotiradores gratuitos o empleados del ejecutivo.

Es Cuanto.

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