Raúl Alamillo Gutiérrez - Sobre la violencia

SOBRE LA VIOLENCIA

Raúl Alamillo Gutiérrez*

Me sumo a las palabras de la Dra. Lourdes plasmadas en un reciente artículo publicado en “Nayarit en línea” (http://www.antoniotello.com.mx/opinion/107-invitados/554-sociedad-balaceada consultada el 23.02.10), un diario digital; y sobre el particular, quisiera traer a colación la Convención de Palermo de 2003 contra el crimen organizado, multicitada por Edgardo Buscaglia, investigador y especialista en temas de seguridad, quien más de una vez en diversos foros ha planteado que la lucha contra la violencia y la inseguridad pasan necesariamente por cuatro elementos como "cuatro ruedas de un vehículo”: combate policial, combate al lavado de dinero, combate a la corrupción política (narcopolítica) y la formación de valores y espacios educativos.

Dicho lo anterior, se infiere que el combate policial por sí solo no ha resuelto, ni resolverá este complejo problema social. Sin embargo trataré de analizar aisladamente el combate armado, partiendo de ciertas constantes detectadas en las entidades federativas:

- Parece que la lucha contra el crimen organizado es una “bandera” de cuño estrictamente federal, por lo que los Estados no se han comprometido activamente, alegando falta de competencia legal, incapacidad de enfrentar en número y armamento a las bandas criminales (en parte aplica este último argumento; recordemos que hasta hoy las policías estatales y locales no tienen autorizado el uso de calibre más alto al .223, sólo las fuerzas armadas y corporaciones policiales federales, y que para los delincuentes es parte de su “dotación ordinaria” calibres como el 7.62 (para G-3 -Otan- o rifles Kalashnikov), .50 (rifles Barret) y hasta granadas o bazucas (casos en Tamaulipas dan fe de ello) . No son pocas las voces que plantean que la falta de compromiso real por parte de los Estados, se debe a nexos entre carteles y miembros de los gobiernos estatales y municipales, o la amenaza de atentar contra sus vidas y/o la de sus familias.

- Hasta hoy, en los diversas entidades, la forma de mandar un mensaje mediático de respuesta rápida y eficaz por parte de los gobernantes, es lo que hemos estado viendo en Nayarit: organización de “operativos coordinados” (ejército y policías federales, estatales y municipales) consistentes en recorridos aleatorios y “filtros de revisión” en puntos considerados estratégicos. A lo anterior se suman campañas que piden criminalizar prácticamente cualquier infracción administrativa (vidrios polarizados), como un síntoma de que alguien “anda mal” provocando con esto un gradual y sistemático Estado de “excepción” que de facto viola las garantías elementales de cualquier ciudadano, so pretexto de “comportarse de manera sospechosa”, expresión en la que todo cabe (cargue su credencial del IFE sino quiere que por eso lo retengan y le quiten su precioso tiempo).

- Falta implementar en todos los Estados los Centros de Control y Confianza (incluyendo el nuestro) que permitan tener policías más “confiables”, establecer el servicio civil de carrera y por tanto aumentar el sueldo de los agentes, para pasar de la estructura “rural” policial que hoy se tiene donde se permanece en tal departamento o se asciende por “méritos” de fidelidad y cumplimiento de órdenes de X o Y mando con independencia de la legalidad de la misma (es raro que hasta hoy ni siquiera se ha recurrido al ya gastado recurso discursivo de “he ordenado una limpia en las corporaciones del Estado y de los municipios”).

- El combate armado trae la nefasta consecuencia de que-ante la falta todavía de mecanismos más ágiles en la ley, o en todo caso, de personal que los haga efectivos, y ante la incompetencia de las autoridades militares y policiales- se cometan frecuentemente abusos de autoridad: tortura, cateos ilegales, “levantones” y hasta desapariciones, acompañadas de amenazas a las familias cercanas a los hechos.
Propuestas:

- Es necesario establecer un Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, como un órgano de consejeros emanados de la ciudadanía que analice, valore y construya políticas en materia de seguridad pública e impartición de justicia, junto con los gobiernos de los tres niveles.

- Casi como utopía: la autonomía del Ministerio Público con respecto al Ejecutivo o a cualquiera de los Poderes, al menos exigir el fortalecimiento y profesionalización de la Institución del Ministerio Público.

- Incorporar a los planes de estudio escolares, contenidos sobre “cultura de la legalidad”, o como alternativa, plantear tal esquema de formación a la PGJ y/o a la UAN, creando grupos de formación y discusión formales (escuelas) e informales (colonias).

- Implementar el modelo de “policía de proximidad” para las policías preventivas.

- Establecer al menos 2 subprocuradurías regionales en nuestro Estado, una en la zona norte y otra en la zona costera sur.

- Establecimiento del Centro de Control y Confianza (en línea con el Acuerdo Nacional por la Seguridad) no sólo para reclutar nuevos agentes, sino para someter a dichas pruebas de confiabilidad a los agentes y mandos en activo: estatales y municipales, así como el servicio civil de carrera, lo que ha de provocar incentivos económicos y reconocimientos en su nivel de mando, y sobre todo su especialización en determinadas áreas de intervención (adiós al policía “todólogo” que nada resuelve).

- Equipamiento y renovación de armamento y vehículos (por ejemplo, sólo a los policías mexicanos se les ocurre incorporar vehículos de transmisión manual y no automáticos…los que saben de esto se dan cuenta a que me refiero).

- Intensificar labores de inteligencia, ahora que la coyuntura permite tal exposición de las actividades delictivas de las bandas criminales en el Estado.

- Intensificar la camarización de puntos rojos en la ciudad.

- Pero sobre todo: voluntad política (y valor) de hacer aquello para lo cual han sido votados en la materia que nos ocupa: garantizar la paz y la seguridad de los ciudadanos.

* Coordinador de la licenciatura en filosofía de la Universidad Autónoma de Nayarit