Comentarios a la propuesta de Pablo Gómez sobre la libertad religiosa
César Ricardo Luque Santana
Gran revuelo causó el experimentado parlamentario de la izquierda, el perredista Pablo Gómez, al proponer una apertura constitucional para que los sacerdotes tengan derechos plenos para ejercer su libertad de expresión, situación que él interpreta no como algo que socava al Estado laico –recientemente elevado a rango constitucional- sino que por el contrario -arguye- es congruente con él. Hasta el momento, dicha iniciativa que ha provocado un malestar en las fuerzas y personalidades de izquierda (y que ha generado un deslinde público de su mismo partido, reprochándole al mismo tiempo al diputado Gómez que ésta contraviene el programa del mismo, aclarando en consecuencia que se trata de una propuesta a título personal que no es avalada por el PRD ni por su fracción parlamentaria), ha sido conocida por la opinión pública sólo a través de notas periodísticas. En este sentido, a reserva de conocer su argumentación presentada para la modificación del 130 constitucional para “restablecer los derechos de asociación política y de libertad de expresión de los sacerdotes de todos los cultos religiosos” (La Jornada, 26 de febrero de 2010), y basado sólo en sus declaraciones a la prensa escrita, me permito realizar las siguientes objeciones.
Pablo Gómez señaló que su iniciativa pretende reparar “una injusticia constitucional” (sic) que segrega a un segmento de la sociedad, restringiendo sus derechos, y aclara que no se trata de permitir que los sacerdotes puedan ser electos (lo cual pueden hacer si se separan de su actividad sacerdotal), sino que puedan manifestar sus ideas políticas sin cortapisas.
Para empezar sabemos que la ley, si bien es general, tiene una reglamentación para su aplicación, de manera que por ejemplo los presos pierden sus derechos políticos. En el caso de las acotaciones a las agrupaciones religiosas para su participación política en un Estado laico, éstas no son gratuitas sino que tienen un soporte histórico donde la participación de la religión en la política ha resultado perniciosa, particularmente en lo que respecta a la Iglesia católica, no sólo en México sino en otros países del mundo. Como es sabido, las primeras exigencias y luchas del Estado moderno consistieron en la separación entre Iglesia y Estado, entre religión y política.
En cuanto a sus argumentos para defender su iniciativa, creo que Pablo Gómez se equívoca cuando dice que es válido darles libertad a todos, incluidos los que abiertamente están contra ella. Se olvida que en Alemania y otros países, los grupos neo-nazis están proscritos porque de llegar al poder cancelarían las oposiciones. Ciertamente, existen otros países permiten partidos de extrema derecha que incluso ganan elecciones, pero están acotados por normas, prácticas e instituciones bien consolidadas que les impiden ejercer el poder absoluto o implementen un totalitarismo. Es más, en México los partidos legalmente registrados no pueden tener en su plataforma ideológica propuestas como establecer “la dictadura del proletariado” una vez que lleguen al poder por poner un ejemplo. Con esto sólo quiero señalar que todas las libertades políticas son siempre condicionadas, por lo que no debería de hacerse concesiones a quienes como la Iglesia católica tienen una naturaleza monolítica, pues entonces tendría más herramientas legales para tratar de imponer su moral particular a todos los ciudadanos, como sucede en los Estados teocráticos islámicos.
Asimismo, es evidente que la mezcla entre religión y política es altamente explosiva, como enseña la historia pasada y presente. La religión como poder fáctico y/o formal, trata de hacer extensivos sus preceptos -que deberían de circunscribirse a sus seguidores- a toda la población, pues son como se dijo, un ente monolítico, esto es, esencialmente antidemocrático en su organización y funcionamiento. La religión pertenece a la esfera de la vida privada y por salud pública lo correcto es que se mantenga separada de la política.
Decir que se trata de dar libertad de expresión a la religión (sobre todo católica) resulta un tanto superfluo, porque realmente éstos dicen lo que les da gana y hacen proselitismo abierto a favor o en contra de alguien. Esto mismo lo reconoce Pablo Gómez cuando a pregunta de la reportera de La Jornada Andrea Becerril sobre la posibilidad de que desde el púlpito (y otros medios) el clero católico se involucren abiertamente en las elecciones a favor o en contra de alguien, Pablo Gómez reconoce que de todos modos ya lo hacen, con lo cual parecería que con su iniciativa, él trata de legalizar una conducta donde sistemáticamente el clero se niega a acatar las leyes mexicanas cuando no le convienen a sus criterios conservadores alegando ceñirse a un derecho superior (divino). De este modo, si se siguiera esa lógica de legalizar las conductas que trasgreden la ley, cabría preguntar ¿por qué no hacerlo con las drogas y otras conductas parecidas?
Es importante señalar que la Iglesia católica reconoce como su máxima autoridad a un Estado extranjero, el Vaticano, de modo que la libertad de expresión de un sacerdote para opinar de política, está condicionada a las directrices que le marca su institución, de manera que paradójicamente, esa libertad que les daría el Estado mexicano, no se las da el Estado Vaticano, pues de otro modo, les permitiría a los sacerdotes casarse, asumir públicamente su homosexualidad a quienes tienen esa preferencia, que haya mujeres sacerdotisas, etc. El clero exige libertades democráticas que niega a sus propios sacerdotes y feligreses. Recordemos en este punto como analogía, que el IFE obligó al Partido Verde a suprimir su reglamentación antidemocrática como condición para mantener su registro legal como partido.
Parece que Pablo Gómez quiere que los curas puedan -amparados en la ley- decir y hacer lo que todos modos dicen y hacen sin consecuencia alguna, para poder ponerse los guantes contra ellos. Por ejemplo, dice Pablo Gómez que la Iglesia (realmente la jerarquía), está atacando el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo mediante preceptos religiosos y que eso significa un ataque al Estado laico y que es hora de decírselos, lo cual ya se hace y se debe seguir haciendo. Resulta extraño este ejemplo de Pablo Gómez porque sería como admitir que la jerarquía católica ataca al Estado laico pero mientras no lo hagan amparados en una ley que se los permita, no se puede debatir con ellos, lo cual es un absurdo. Pero además, si así son intolerantes, para qué darles armas o por qué debemos tolerar a los que son intolerantes con otras formas de pensar.
Sobre el temor de que desde el púlpito y otros medios participen abiertamente en las contiendas electorales “orientando” el sentido del voto y “se atengan a las consecuencias” como dice Pablo Gómez, es también ridículo su argumento, porque como ya se mencionó, es algo que suelen hacer con o sin permiso. Lo que pasa es que algunos dirigentes de la izquierda han tenido temor de chocar abiertamente con la Iglesia católica (la jerarquía), del mismo modo que han tenido miedo de hacerlo con los otros poderes fácticos como las televisoras, mas sin embargo los roces han existido y seguirán existiendo.
Por otro lado, decir que inducen al voto más (o también), las prácticas clientelares de los partidos que hacen uso faccioso de los programas sociales cuando están en el gobierno, que los sermones de los curas, es una justificación barata y de mal gusto. Ambos deben ser rechazados porque manipulan a la gente más vulnerable desde la fe o desde el hambre, conculcando sus derechos a tomar decisiones sobre la base de la información y sin condicionamientos externos.
En fin, Pablo Gómez ¿Mont o del Campo? ha cometido un gran desacierto (entre otros muchos que ha estado cometiendo), pero la inquietud es si los legisladores del PRD se mueven por ocurrencias personales en vez de debatir primero en su seno para asumir posturas más congruentes. Huelga decir que el mencionado malestar de las izquierdas contrastó con el aplauso entusiasta de las derechas, lo cual ya es mucho decir.
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