Raúl Alamillo - Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad

LO QUE DEBERÍA ESTAR HACIENDO EL EJECUTIVO ESTATAL...

por Raúl Alamillo Gutiérrez (07.06.2010)

Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad

Lo que el Ejecutivo Local suscribió en nombre de todos los nayaritas y que prácticamente hasta ahora no ha cumplido…[1]

Quinto.- Los gobiernos de las entidades federativas a través de sus titulares se comprometen a alcanzar los siguientes objetivos:[2]
XLVI. Depuración y fortalecimiento de instituciones de seguridad y procuración de justicia.
Los titulares de los ejecutivos de las entidades federativas se comprometen a crear y/o fortalecer un centro de evaluación y control de confianza certificado en su entidad.
• Tiempo de ejecución: un año.

Los titulares de los ejecutivos de las entidades federativas se comprometen a sujetar a una evaluación permanente y de control de confianza, a través de un organismo certificado, al personal de las instituciones policiales, de procuración de justicia y centros de readaptación social.
• Tiempo de ejecución para someter a exámenes al responsable y al primer nivel de mando y a todos los integrantes de las unidades antisecuestro: seis meses.[3] En caso de no contar con un centro de control de confianza certificado el gobierno federal realizará los mismos.[4]
Las procuradurías y secretarías de Seguridad Pública de las entidades federativas se comprometen a perfeccionar los mecanismos de selección y capacitación de los elementos de las instituciones policiales y de procuración de justicia y de los propios mandos.
• Tiempo de ejecución: seis meses.

Los titulares de los ejecutivos de las entidades federativas se comprometen a incrementar y etiquetar la asignación de recursos para la operación y desarrollo de las instituciones policiales y de procuración de justicia, para optimizar el ejercicio de los recursos e infraestructura destinados a funciones de seguridad pública.
• Tiempo de ejecución: un año.

Los titulares de los ejecutivos de las entidades federativas se comprometen a replicar a nivel estatal el sistema nacional de desarrollo policial y a condicionar la permanencia en instituciones a la aprobación de evaluaciones y control de confianza.
• Tiempo de ejecución: un año.

Los titulares de los ejecutivos de las entidades federativas se comprometen a replicar a nivel estatal el esquema federal de certificación de confianza de ministerios públicos y a condicionar la permanencia en instituciones de procuración, a su aprobación.
• Tiempo de ejecución: un año.

XLVII. A fin de fortalecer y hacer más eficientes los sistemas de seguridad y procuración de justicia, los titulares de los ejecutivos de las entidades federativas reasignarán recursos y partidas dentro de sus respectivos presupuestos. El ejercicio de estos recursos estará acompañado por reglas de operación o procedimientos eficaces y transparentes.
• Tiempo de ejecución: inclusión en el Presupuesto 2009 de cada entidad.

XLVIII. Conformación, desarrollo o fortalecimiento de unidades especializadas en combate al secuestro.
Los titulares de los ejecutivos de las entidades federativas se comprometen a crear unidades integradas a través de la aplicación de mecanismos de evaluación y control de confianza certificados, para desarticular bandas dedicadas al secuestro y a adscribir un enlace permanente en la Unidad de Coordinación e Intercambio de Información Policial de la Secretaría de Seguridad Pública.[5]
• Tiempo de ejecución: seis meses.

XLIX. Adecuar la organización y funcionamiento de las instituciones de seguridad pública estatales al marco nacional.
Los titulares de los ejecutivos de las entidades federativas se comprometen a presentar en su congreso local una iniciativa de Ley de Seguridad Pública Estatal en congruencia con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública que apruebe el Congreso de la Unión.
• Tiempo de ejecución: seis meses posteriores a la aprobación de la Ley por parte del Congreso de la Unión.
L. Incorporación e implementación del Sistema Único de Información Criminal de Plataforma México.[6]
Los titulares de los ejecutivos de las entidades federativas se comprometen a actualizar las siguientes bases de datos: vehículos, licencias de conducir, policías y ex policías, reclusos, custodios, peritos, ministerios públicos, y registro de armamento. Asimismo, se comprometen a aplicar de manera generalizada el Informe Policial Homologado y a generar mapas geodelictivos.
• Tiempo de ejecución: un año.

LI. Establecer indicadores de evaluación y seguimiento.[7]
Los titulares de los ejecutivos de las entidades federativas se comprometen a crear indicadores de medición del desempeño de las instituciones policiales y de procuración de justicia, coincidentes con la metodología de indicadores nacionales, con participación de instancias ciudadanas.
• Tiempo de ejecución: tres meses.

Hay mucho material para la reflexión….por lo pronto me queda la necesidad de preguntarme si de haber cumplido el Ejecutivo local los términos del Acuerdo en mención, nos hubiésemos evitado –al menos hasta hoy 06 de junio de 2010- 82 homicidios violentos relacionados con el crimen organizado y una sensación de inseguridad que provoca a las familias nayaritas cuestionarse seriamente si deben o no de salir a disfrutar de un día juntos, y si es el caso, a dónde y a qué hora…¿alarmismo y ganas de "perjudicar" a nuestro Estado?...


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[1] Es interesante dar lectura del CONSIDERANDO del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad (publicado en el DOF el 25.08.2008):
Que el crimen organizado y la delincuencia común representan la principal amenaza a la seguridad de los mexicanos, quebrantando y transgrediendo sus derechos y libertades;
Que ante los agravios y la violencia generada por la delincuencia, exigimos una coordinación y cooperación efectiva entre los Poderes de la Unión y los tres órdenes de gobierno, por encima de cualquier diferencia política o ideológica;
Que es obligación de las autoridades, de todos los poderes y órdenes, actuar con eficacia, transparencia, plena rendición de cuentas y combatir la corrupción para recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones encargadas de la seguridad y la procuración de justicia;
Que la sociedad reclama legítimamente leyes rigurosas y contundentes en materia de justicia y seguridad pública para el combate al crimen y, en especial, a delitos que lastiman el tejido social como el secuestro;
Que la participación ciudadana es fundamental para derrotar al crimen organizado y para consolidar instituciones públicas, efectivas y transparentes que rindan cuentas;
Que la delincuencia es un problema de tal magnitud y complejidad que su solución exige un enfoque integral, de carácter económico con una perspectiva preventiva y social;
Que sólo mediante el respeto irrestricto a la ley por parte de todos podremos construir un México seguro, en el cual las familias puedan superarse y vivir en paz (…).

[2] Acuerdo…p. 11
[3] Es decir, que hace prácticamente casi dos años que el gobernador Ney González suscribió ese acuerdo, y hasta ahora desconocemos si los mandos de primer nivel señalado en tal acuerdo son confiables o no.
[4] Es decir, no sería lícito alegar la falta de un centro especializado para la realización de tales evaluaciones.
[5] Hasta hoy no existe tal unidad especializada, sólo el Departamento de Investigación de Secuestros, que preexiste a la firma del Acuerdo en cuestión.
[6] Hasta la fecha el Ejecutivo local no ha informado nada al respecto
[7] Aquí cobra pertinencia la imperiosa necesidad de crear de un Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, o al menos la convocatoria del Ejecutivo para cumplir dicho compromiso.